La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha intensificado sus acciones contra las irregularidades en los procesos de contratación pública, inhabilitando a múltiples empresas y aplicando cuantiosas multas por prácticas indebidas. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos, impidiendo que compañías con historiales de incumplimiento o falsedad en su documentación participen en futuras licitaciones con la administración federal.
Inhabilitaciones por incumplimiento contractual
Recientemente, el 10 de febrero de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó la inhabilitación de dos empresas proveedoras del Gobierno federal: Grupo Industrial Asad, S.A. de C.V. y Sistematización Itzcoatl, S.A. de C.V.. Ambas compañías fueron sancionadas por acumular rescisiones contractuales en lapsos que la ley considera sancionables, quedando impedidas de participar en cualquier procedimiento de contratación con la Administración Pública Federal por un periodo determinado, además de enfrentar multas que, en conjunto, superan el millón y medio de pesos.
Sanciones por información falsa en licitaciones
El 29 de diciembre de 2025, la SABG impuso sanciones administrativas contra cuatro empresas por incurrir en irregularidades durante procedimientos de contratación pública, específicamente por la presentación de información falsa en documentación oficial. Estas empresas fueron multadas e inhabilitadas para participar en licitaciones o celebrar contratos con la administración pública federal. Las resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y las empresas fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.
* La sanción derivó de información falsa en una póliza de fianza relacionada con un contrato de la CAEM para el diagnóstico de factibilidad técnica en sistemas de captación de agua de lluvia en zonas rurales, identificado como CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD. La notificación se realizó el 18 de diciembre.
Estas acciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayan el compromiso del gobierno federal con la erradicación de la corrupción y el aseguramiento de que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y honesta. La inscripción de estas empresas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados bloquea automáticamente su acceso a nuevos contratos con el Gobierno de México, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de las prácticas deshonestas en la contratación pública.
