El Gobierno de México calificó de tendencioso y carente de rigor legal el reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La administración federal sostiene que el documento ignora los avances estructurales logrados desde 2018 y se basa en premisas que no reflejan la realidad institucional actual.
Postura oficial ante la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada
La administración federal, a través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestó un rechazo contundente a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de remitir la situación de México a la Asamblea General de la ONU de manera urgente. El Estado mexicano argumenta que esta acción es parcial, pues omite las actualizaciones y análisis presentados formalmente por el gobierno, los cuales demuestran que los argumentos del organismo internacional no coinciden con la definición técnica de desaparición forzada ni con el progreso institucional registrado especialmente desde 2019 y consolidado en 2025.
La narrativa del Comité se percibe como desfasada, al utilizar un marco que no corresponde a la transformación estructural que el país ha emprendido. Según las instancias federales, el informe se enfoca primordialmente en sucesos ocurridos entre 2007 y 2017, periodos correspondientes a gestiones pasadas, centrando su análisis en los estados de Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz sin considerar los esfuerzos institucionales reportados apenas el pasado 27 de marzo.
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Ausencia de políticas sistemáticas y reconocimiento de la realidad nacional
Resulta contradictorio que, dentro del mismo documento (párrafos 117 y 118), el Comité reconozca que no existen indicios fundados de una política federal destinada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Esta admisión valida la postura del Estado: la situación actual del país difiere radicalmente de los periodos previos.
La crítica gubernamental subraya la ligereza en las premisas del Comité, señalando posibles conflictos de interés. Se ha identificado que al menos uno de los integrantes del organismo trabajó previamente para organizaciones que han interpuesto quejas contra el Estado mexicano, lo que compromete la imparcialidad del juicio emitido.
Reformas legislativas y herramientas de búsqueda vigentes
El Gobierno de México reafirma que no tolera ni ordena desapariciones forzadas. En coordinación con colectivos de familiares, se impulsaron reformas legales en julio pasado que introdujeron mecanismos obligatorios que el Comité no valoró adecuadamente:
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Cooperación internacional y el impacto del crimen organizado
Aunque el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reconoce una política de cooperación cotidiana con México, el país supedita dicha colaboración a que se parta de premisas objetivas. El Estado sostiene que una parte significativa de las desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes estatales, por lo que no deben tipificarse bajo el artículo 2 de la Convención como desapariciones forzadas.
Por su parte, el CDF mantiene que, aunque no hay una política federal de omisión o acción deliberada bajo el Estatuto de Roma, existen reportes que sugieren la participación o aquiescencia de funcionarios locales. Asimismo, el Comité vinculó las condiciones actuales con la estrategia de seguridad iniciada en sexenios anteriores, argumentando que las desapariciones pueden ser cometidas por organizaciones no estatales cuando forman parte de ataques sistemáticos contra civiles. Ante esto, México mantiene su compromiso con la verdad y la justicia como ejes de la transformación nacional, rechazando cualquier intervención basada en diagnósticos incompletos.
